Correo recibido el 06-12-06:

Queridos amigos:

Como sabemos, la mayor parte de las promesas asociadas a la energía nuclear no llegaron a cumplirse. Estamos muy lejos de tener la energía barata, inagotable y segura que nos prometieron hace 60 años, cuando las grandes potencias necesitaban de centrales nucleares que les permitieran producir el ansiado plutonio que necesitaban para sus bombas atómicas. Un aluvión de publicidad periodística, apoyada en películas y novelas de ciencia-ficción, nos describía ese futuro luminoso.

Así, ellos tuvieron sus bombas y nosotros empezamos a acumular residuos radiactivos que nadie esta muy seguro de como tratar y a que costo.

Inclusive, la ultima promesa (que la energía nuclear nos iba a salvar del cambio climático) también resulto falsa. Todos los veranos, en el momento de máximo consumo energético, los franceses tienen que desconectar sus centrales atómicas, ya que los ríos no llevan suficiente agua para enfriarlas.

Queda, sin embargo, una pequeña posibilidad, que es hacer el peligroso negocio de recibir residuos radiactivos. Y aunque parezca que nadie quiere pasar de lo luminoso a los oscuro, hay quienes si lo hacen. Argentina ha firmado un convenio con Australia para venderle un reactor nuclear, con el compromiso de recibir y tratar en el país los residuos que ese reactor genere. Se trata, por supuesto, de una abierta violación de la Constitución Nacional, que prohíbe el ingreso al país de residuos radiactivos.

A pesar de eso, la mayor parte de nuestra clase política voto una ley que ratifica el convenio con Australia, sabiendo de su inconstitucionalidad. Ni siquiera había una razón. Es probable que la ejecución de ese contrato de perdidas, por la cantidad de inversiones que hay que hacer para satisfacer los requerimientos técnicos del proyecto.

¿Que sentido tiene, entonces?

Que el convenio con Australia abre una puerta, que es la posibilidad de especializar al país en recibir y tratar residuos radiactivos provenientes de todo el mundo. O sea que no son los gramos de residuos que vendrán de Australia sino las toneladas que llegaran después, con los consiguiente riesgos que otros países no quieren correr en sus respectivos territorios.

Un ciudadano, el director de cine Juan Schroder, presento un amparo destacando la inconstitucionalidad de ese contrato. El Juez de primera instancia lo rechazo, pero la Cámara de Apelaciones le dio la razón y ordeno quitar del contrato la cláusula que permite el ingreso de basura radiactiva al país. Con lo cual, el tema pasa ahora a la Corte Suprema de Justicia para una resolución definitiva.

¿Se atreverá el máximo tribunal a enfrentar al poder político? ¿Pondrán en primer lugar su posición personal o la letra inequívoca de la Constitución?

Un gran abrazo a todos.

Antonio Elio Brailovsky

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